Reclama que le faltan mas de 220 millones de pesos de autopartes incautados erróneamente por la justicia.

La causa fue declarada nula hace un año. Estiman un faltante del 80 por ciento de lo incautado en Losarcos en el procedimiento judicial-policial realizado en el año 2017.

El propietario del desarmadero de San Vicente pedirá un inventario cuantitativo y cualitativo. También quiere recuperar un lingote de oro y tres relojes Rolex

Estiman un faltante del 80 por ciento de lo incautado en Losarcos
El procedimiento de restitución se concretó el jueves en San Vicente.

La causa de Losarcos, nula de toda nulidad según la resolución del Superior Tribunal de Justicia, sigue sumando capítulos luego de cuatro años de que el Ministerio de Seguridad de la Nación anunciara con un amplio despliegue el desmantelamiento de una supuesta asociación ilícita.

El jueves se inició la restitución de los bienes a su propietario, Juan Carlos Losarcos, quien llegó a permanecer catorce meses detenido. Sin embargo, el propietario pidió un inventario de los elementos que están en depósito judicial desde entonces.

El empresario considera que faltan el 80 por ciento de los elementos incautados, una cantidad que significaría un multimillonario perjuicio. En su momento se dijo que en el lugar, que fue allanado durante 17 días, había un millón de autopartes por un valor de 270 millones de pesos.

“El galpón original tenía 8.000 metros cuadrados de extensión, mientras que el depósito actual es de 1.800 metros cuadrados”, señaló una fuente como para graficar la magnitud de lo que se había incautado y lo que se encontró ahora. De todas formas se aclaró que existe la posibilidad de que los elementos estén en otro lugar.

Se adelantó incluso que dos camiones estaban guardados en Posadas, añadiendo que en su momento se solicitó que todos los elementos se queden en el galpón del desarmadero con custodia policial, pero esto fue desestimado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco.

“No se puede decir que es lo que falta porque primero hay que saber que es lo que hay. Una vez que se sepa qué es lo que hay vamos a saber. Pero faltan camiones, una embarcación, camionetas”, se dijo. Además de esos vehículos, también faltan carpetas con documentaciones de los mismos, algo que creen que no es casualidad.

Ante este panorama se solicitó un inventario cualitativo y cuantitativo de lo que está ahí adentro. La solicitud de Losarcos es que haya un perito de parte y un oficial de Justicia. “Y después veremos dónde está lo que falta. Si todo lo hay está ahí, falta, pero no sabemos si está en otro lado”, se remarcó. Aseguran que efectivos de la Policía de Misiones dijeron que allí no hay nada, aunque esas personas desconocían sobre los vehículos en Posadas.

Pero no sólo se tratan de camiones, ya que Juan Carlos Losarcos vivía en el lugar al momento del allanamiento, por lo que también incautaron varias de sus pertenencias que aún no fueron repuestas. Entre ellas hay un lingote de oro y tres relojes Rolex.

El allanamiento del desarmadero de Losarcos se realizó en 2017 en el marco de una serie de procedimientos ordenados por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, y el propietario del lugar junto a algunos empleados permanecieron catorce meses detenidos bajo una acusación de asociación ilícita.

Los operativos hasta fueron destacados y anunciados mediáticamente por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación en ese momento, pero tiempo después el STJ dio lugar a un recurso defensivo y decretó “nulo de nulidad absoluta” el proceso penal por irregularidades que constituyeron una violación de las garantías constitucionales.

“Encontramos cajas repletas de autopartes listas para el envío a diferentes puntos de Argentina, Brasil y Paraguay. Luchamos contra estas organizaciones de la cual se nutren cientos de locales comerciales que venden las piezas, sabemos que detrás de este negocio muchas veces hay hechos de sangre en el robo de vehículos”, había señalado en aquel entonces Bullrich.

La nulidad del STJ

Tiempo después, la causa se cayó por completo, con una dura resolución del máximo órgano provincial. “Fueron violentadas las garantías del orden constitucional desde foja 2 en adelante”, señaló Liliana Picazo en su voto, al cual adhirieron los demás camaristas.

La ministra Cristina Leiva, a su turno, remarcó: “En autos se ha producido un grave dispendio jurisdiccional en razón de la viciada intervención inicial del magistrado actuante, aspecto este, que debe ser señalado como un llamado de atención debiendo velarse en lo sucesivo, por un correcto servicio de justicia de conformidad a los parámetros constitucionales vigentes”.

El hecho

Desde el 1 de noviembre de 2017, unos 70 policías trabajaron a tiempo completo para finalizar el decomiso de autopartes tras la serie de allanamientos simultáneos encarados por la Justicia en talleres de San Vicente que, se cree, funcionaban como desarmaderos ilegales, que abastecían a comercios, empresas y particulares de toda la provincia

Hasta ese momento hubo siete detenidos. Un octavo sospechoso tenía orden de captura y era intensamente buscado por las distintas fuerzas de seguridad que operan en Misiones.

Se estimaba que el operativo terminaría con el secuestro de un millón de piezas, todo un récord.

El antecedente más inmediato de este tipo de procedimientos se dio en Posadas, donde incautaron 125 mil autopartes.

Además de los policías que trabajaban en el recuento del material requisado, otro número importante de efectivos, de la División Infantería, por ejemplo, trabajaba en la custodia.

Pasa que es un negocio muy importante y el daño para los que estaban afectados a las maniobras rondaría los 270 millones de pesos.

Los allanamientos que se llevaron adelante en los talleres Muchewicz, propiedad de de Carina Soledad Jakinzuk y ubicados en calle Dorrego y avenida Tejeda; y en el taller Danilo, de Danilo Bueno Ferreira, situado sobre la misma carretera, pero en el kilómetro 984.

También en el taller Losarcos, propiedad de Juan Carlos Losarcos, ubicado en el kilómetro 973 de la ruta nacional 14; y en el taller Danilo, de Danilo Bueno Ferreira, situado sobre la misma carretera, pero en el kilómetro 984.

Sobre el caso Losarcos, fuentes del caso indicaron que se trata del lugar donde más documentación secuestraron.

En ese predio de tres galpones operaba además una cooperativa “multirubro”, que es la que, se sospecha, llevaba adelante el negocio.

Los investigadores secuestraron registros contables y papeles vinculados a las transacciones. Una perito contable se abocó de manera exclusiva al análisis de los documentos importantes para la causa.

La cooperativa dataría de 2011, pero recién en los últimos tiempos habría comenzado a funcionar con todo.

En cuanto a los arrestados de ese año, se supo que habrían ocupado distintos roles en la organización que, se sospecha, fue montada para desarmar vehículos robados en Paraguay, Brasil o Buenos Aires: algunos hacían los contactos con los clientes, otros supervisaban el trabajo de desarme y el resto estaba abocado a las transacciones, por ejemplo.

Los siete fueron indagados por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, quien encabezaba la mega-investigación.

Uno de los talleres allanados es propiedad de la familia del presidente del Concejo Deliberante de la Capital de la Madera de ese entonces, Ernesto Muchewicz. Un hermano del edil, Hernán Muchewicz, había sido el primero en ser arrestado.

En su predio estaban armando una camioneta 4×4 para competición y le habían colocado el motor de un vehículo robado en Buenos Aires.

En las últimas horas, el hombre fue excarcelado, luego de que cubriera una fianza de un millón de pesos.

Entre las autopartes incautadas había puertas, capots, tapas de baúl, amortiguadores, butacas, paragolpes, faros, cortes de autos, tapas de cilindros sin stikers, en clara infracción a la Ley 25761 (Desarmaderos).

En uno de los lugares allanados se encontraron más de 30 camiones en proceso de “desguace”, cuyas autopartes ilegales estaban colocadas en cajas de madera que se armaban en el lugar, para ser trasladadas a varios puntos de Argentina, Brasil y Paraguay.

Se detectaron más de 400 cajas de madera de gran tamaño listas para su comercialización.

El juez Casco tiene una lista de compradores de los desarmaderos. Entre los clientes hay particulares y empresas de toda la provincia. Hacia ellos también se apuntó la pesquisa en ese entonces.

Fuente: MOL, El Territorio