Conflicto Larreta-Fernandez: La Justicia ordena seguir las clases y Baradel llamó al paro.

Los planteos en contra de las restricciones los hicieron la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se expidió este domingo de forma unánime a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en el distrito porteño. De esta forma, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está obligado a mantener las escuelas abiertas a partir del lunes. El Poder Ejecutivo nacional no puede recusar, por no formar parte del caso. La decisión alcanza a 2359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.

La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli.

En el escrito, argumentaron que en el caso se encuentra “seriamente comprometido el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda sus planteos”.

Sostuvieron, además, que el artículo N°2 del DNU “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”. En consecuencia, el tribunal resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta y admitir el recurso de apelación”.

El conflicto comenzó tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación que estableció la obligatoriedad de la educación virtual hasta el 30 de abril, como parte de una serie de restricciones para contener el impacto de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.

Los planteos en contra de las restricciones los hicieron la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP). En los escritos, pidieron la nulidad de los alcances del DNU del presidente Alberto Fernández.

Inicialmente, el planteo entró al fuero contencioso administrativo. El juez Marcelo Segón consideró que no tenía que intervenir y pidió que se derivara a su colega Romina Tesone, quien se declaró incompetente para resolver sobre el amparo presentado por Defensorías Oficiales.

Entonces, se presentó un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo. La Sala IV de turno corrió vista al Ministerio Público y la fiscal Karina Cichero se pronunció a favor de la continuidad de las clases presenciales.

La presentación del Gobierno porteño ante la Corte Suprema

Por otro lado, el viernes, la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema un amparo judicial para que se declare inconstitucional el DNU que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La administración a cargo deLarreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”. Consideró, entre otras cuestiones, que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.

Luego de que la Justicia porteña se expidió a favor de que continúen las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocaron a un paro este lunes. A través de la medida de fuerza, buscan que se respete el retorno a la virtualidad decretado por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de preservar la salud del personal docente.

“Lunes 19 de abril, paro docente en CABA. La salud y la vida son prioridad”, expresó una circular difundida este domingo por los gremios, y agregó: “El Poder Judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución de la Ciudad y Nacional”.

Poco después, ambas centrales emitieron un comunicado en el que volvieron a expresar su postura en relación con la continuidad de las clases presenciales.

“Nos encontramos frente a un momento crítico de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, las medidas adoptadas por el Estado Nacional escucharon el reclamo de los trabajadores”, comienza el texto, que cuestiona la resolución de la Justicia porteña por ser “inconstitucional”.

“Si existe un juez que viole la Constitución y disponga la presencialidad en las escuelas en momentos como este, no solo los trabajadores vamos al paro para garantizar la salud y la vida de nuestros compañeros, sino que denunciaremos al juez por los delitos de salud pública”, advierte.

Más tarde, el secretario General de UTE-CTERA, Eduardo López, ahondó sobre la convocatoria de los gremios. “Reafirmo que no se pueden llevar adelante las clases de manera presencial. Si de 100 mil personas, hay más de 200 contagiados en las últimas dos semanas, hay que suspender las clases”, sostuvo en diálogo con C5N.

También cargó directamente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al que acusó de querer abrir los colegios durante un pico de contagios de coronavirus.

Finalmente, manifestó: “La Cámara de Apelaciones todavía no derogó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que permite el derecho a huelga. Nosotros vamos a parar mañana en paz y tranquilidad. Tenemos docentes contagiados y otros fallecidos”.

El anuncio de UTE-CTERA llegó minutos después de que se conociera el fallo judicial a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en la Capital Federal.

La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli.

Entre otros argumentos, los magistrados señalaron que a partir de la suspensión de las clases presenciales decretada por Fernández se encuentra “seriamente comprometido el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda sus planteos”.

También consideraron que el artículo N°2 del DNU “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”, por lo que resolvieron hacer lugar a la queja interpuesta y admitir el recurso de apelación.

Fuente: TN

About Post Author