El Gobierno informó en que se gastará el Impuesto a la Riqueza.

El Gobierno reglamentó la ley del impuesto a la riqueza. El “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” fue reglamentado a través del decreto 42/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El decreto 42/2021, publicado este jueves en el Boletín Oficial, reglamentó y puso en vigencia la Ley 27.605 que establece la creación del denominado “Aporte Solidario y Extraorfinario Para Ayudar a Morigerar Los Efectos de la Pandemia”. 

La norma fue sancionada el 4 de diciembre pasado y oficializada el 18 de diciembre con la publicación del Decreto 1024/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Ley 27.605

Esta ley crea con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, recaerá sobre unas 11.855 personas personas en la Argentina, según estimaciones realizadas por el oficialismo. Quienes tengan hasta 300 millones de pesos radicados en la Argentina no serán afectados por este aporte.

Aquellos que tengan una fortuna de ente 300 millones y 400 millones de pesos inclusive pagarán seis millones de pesos más el 2,25% sobre el excedente de trescientos millones de pesos, dice la ley. Aquellos que tengan entre 400 y 600 millones inclusive pagarán unos 8.250.000 pesos más el 2,50% sobre el monto inicial de cuatrocientos millones de pesos.

De 600 a 800 millones inclusive pagarán 13.250.000 pesos más el 2,75% sobre el excedente de seiscientos millones; de 800 a 1.500 millones inclusive abonarán 18.750.000 de pesos más un 3% sobre el excedente de ochocientos millones.

Decreto 1024/2020

Los que tengan radicados en el país entre 1.500 y 3.000 millones de pesos inclusive tendrán que pagar 39.750.000 pesos más el 3,25% sobre el excedente de los mil quinientos millones de pesos. Y los que estén por encima, abonarán 88.500.000 pesos más una tasa del 3,5% sobre el excedente de tres mil millones de pesos.

Los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación, se deberá calcular el aporte con tasas que van el 3% al 5,25%. Se entiende por repatriación, el ingreso al país, dentro de los sesenta días contados desde la entrada en vigencia de esta ley, de las tenencias de moneda extranjera en el exterior.

Asimismo, se tomarán en cuenta los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un treinta por ciento (30%) del valor total de dichos activos.

Decreto 42/2021

¿Para qué se va a usar el dinero recaudado?

El dinero recaudado no irá directamente al Tesoro dado que tendrá cinco fines específicos.

Esos fines específicos es lo que genera dudas de que se destina el 100% de lo recaudado a los efectos de la pandemia:

1. Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

2. Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y normas complementarias, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

3. Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

4. Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.

5. Un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos.

Quedó establecido que Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia de este régimen.

Impuesto a la Riqueza: para tributaristas, la reglamentación de la Ley da espacio para que haya acciones legales en su contra.

La probable judicialización de los alcanzados por la norma

Para tributaristas, la reglamentación de la Ley da espacio para que haya acciones legales en su contra

Unos 12.000 contribuyentes tendrán que pagar el aporte solidario. Según especialistas hay vicios que permiten accionar contra el pago

El Gobierno reglamentó el Aporte solidario, ahora falta la resolución general de la AFIP que determine cuándo y cómo se va a pagar

Para especialistas, la reglamentación del Impuesto a la Riqueza que se dio a conocer hoy en el Boletín Oficial dejó abiertas varias controversias, porque algunas cuestiones que definió hoy el Gobierno pueden dar lugar a controversias y a acciones legales por parte de las personas alcanzadas por el tributo.

Los tributaristas ya habían señalado que la ley tenía vicios que permitirían a los contribuyentes argumentar ante la justicia que el impuesto es confiscatorio, retroactivo y que suponía una doble imposición.

El Gobierno reglamentó hoy la Ley 27.605, que establece la creación de un “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”

La norma prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de $ 200 millones, lo que abarcará a alrededor de 12 mil contribuyentes.

Veo muy poca tolerancia a digerirlo. Lo que yo creo es que va a haber una gran judicialización por el efecto confiscatorio y de doble imposición que genera (Litvin)

Con la definición de cómo deberá computarse el monto imponible en distintas tenencias, la norma conocida hoy pone prácticamente en vigencia al impuesto. Sólo falta la resolución general de la AFIP que determine cómo y cuándo se va a pagar, además del tipo de cambio que se va a utilizar como referencia. Esa resolución saldrá la semana que viene según fuentes oficiales.

Para especialistas, más allá del impuesto en sí, la reglamentación se presta a controversias y afecta el principio de legalidad.

“Este impuesto nació mal porque con el cambio de nombre generó un conflicto respecto a si se aplica en forma supletoria a Ganancias, Bienes Personales u otros. Hoy no tenemos certeza si los bienes de una sociedad conyugal se valúan según Código Civil o según Ganancias. Según el código Civil, ambos son propietarios del 50%, mientras que para Ganancias va en cabeza de de cada uno. Atribución de bienes en la sociedad conyugal”, dijo César Litvin, de Lisicki, Litvin y Asociados.

“Veo muy poca tolerancia a digerirlo. Porque 13 días después viene Bienes Personales, es como una duplicación de impuestos para alícuotas muy elevadas -7,5% en su máxima expresión-, lo que yo creo es que va a haber una gran judicialización por el efecto confiscatorio y de doble imposición que genera”, agregó.

Otros tributaristas estuvieron de acuerdo, con matices, en que los contribuyentes tendrán elementos para judicializar al impuesto.

“Quedan muchos aspectos para la implementación de la Ley abiertos y que dan lugar a controversias. Son cuestiones que la propia Ley debía haber contemplado y no se pueden introducir vía reglamentaria ya que estarían viéndose afectado el principio de legalidad”, dijo Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios en un extenso análisis de la reglamentación.

“La opción legal es muy de caso por caso, no generalizada, y en general el interés de los contribuyentes percibe que este aporte le supone una confiscación”, agregó Adriana Piano, de SMS.

Entre otros puntos, los especialistas señalan que la implementación que le dio el decreto reglamentario entra en conflicto con normas legales vigentes. Además de generar toda clase de costos al sector productivo.

Quedan muchos aspectos para la implementación de la Ley abiertos y que dan lugar a controversias

Una de las novedades que llamaron la atención de la reglamentación es la forma en que se determinó la posibilidad de repatriar tenencias con el fin de reducir la alícuota que se paga. Por ejemplo, los montos repatriados se pueden cambiar por pesos al tipo de cambio oficial -difícilmente una opción atractiva-, invertir en deuda de empresas o, lo más llamativo, utilizar el dinero repatriado para reinvertir en empresas de la que el contribuyente es accionista.

La opción, atractiva, sin embargo tiene problemas de implementación.

“La reglamentación hace que quien opte por esa alternativa impida a la empresa que recibió el aporte de capital distribuir dividendos, lo que puede generar conflictos entre accionistas, porque algunos pueden estar alcanzados por el impuesto y otros no”, remarcó Adriana Piano de SMS.

“Respecto de la repatriación, preveían 60 días, y los transformaron en días hábiles administrativos. El plazo vencería el 26 de abril, para repatriar. Hay que vender a dólar oficial, no parece atractivo, obligaciones negociables en pesos o, una novedad, lo puede invertir en la empresa a la que participa pero eso impide a la empresa repartir dividendos, lo que condiciona a los minoritarios que viven de dividendos”, coincidió Litvin.

Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, todavía tiene que publicar una resolución general con más detalles operativos sobre el impuesto

La normativa publicada hoy establece también que los contribuyentes alcanzados por el Impuesto a la Riqueza deberán contabilizar como parte de sus bienes imponibles a sus tenencias en trusts irrevocables, una estructura legal a través de la que tenedores de grandes fortunas renuncian a la administración de parte de sus activos con el fin de reducir la carga impositiva sobre ellos y, a grandes rasgos, dejarlos disponibles para sus herederos.

“Pareciera que se continúa con la intención de alcanzar por el impuesto a los aportes a los trust irrevocables cuando el fiduciante ya no puede disponer de ellos ni tomar decisiones sobre los mismos. Seguramente será uno de los aspectos que llegará a la discusión judicial”, dijo Domínguez.

“El criterio que toma este impuesto respecto de Bienes Personales con los trust, es que ahí tratan de gravar a los beneficiarios de los trusts, acá a los fiduciarios”, agrego Litvin.
Otro elemento potencialmente conflictivo, que los contribuyentes alcanzados por el impuesto podrían usar para litigar, es que fuerza a designar un único responsable sustituto (un tercero que administra un bien y queda a cargo del tributo).

La reglamentación hace que quien opte por repatriar dinero e invertir en su empresa impida a la empresa que recibió el aporte de capital distribuir dividendos, lo que puede generar conflictos entre accionistas, porque algunos pueden estar alcanzados por el impuesto y otros no (Piano)

“El Decreto estaría excediendo el marco legal al establecer la obligatoriedad de nombrar un único responsable sustituto”, analizó Domínguez. “Por ejemplo, el responsable sustituto puede desconocer la existencia de otros bienes y la AFIP no podría exigirle el pago respecto a los mismos”, agregó.

“Para los que perdieron la residencia en 2020 y a los que el impuesto los abarca igual, es obligación designar un único responsable sustituto. Eso es cuestionable porque es retroactivo y segundo la responsabilidad sustituta tiene que surgir por ley, no por decreto”, sumó Litvin.

También promete generar polémica una previsión que le permite al fisco analizar movimientos financieros de los contribuyentes hasta 180 días antes de la aplicación de la le para detectar ardides evasivos orientados a eludir el pago del Impuesto a la Riqueza.

“La ley entró en vigencia el 18/12/2021 cuando se publicó en el boletín oficial y todas las variaciones de bienes operadas con anterioridad forman parte de las libres decisiones que se pueden tomar conforme al principio de legalidad y de reserva legal consagrados en los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional. No podría haber ardid evasivo o acciones para eludir el pago en forma previa a que un impuesto sea sancionado y entre en vigencia”, resumió Domínguez.

“Seguramente puede haber sujetos que se hayan desprendido de bienes para no quedar sujetos al pago del impuesto extraordinario, pero si eso sucedió, fue por el tiempo transcurrido entre que se conocieron los primeros lineamientos del proyecto de ley hasta que se aprobó por el Congreso Nacional y se publicó en el Boletín Oficial”, agregó.

Fuente: medios nacionales.