IGUAZU. Imputaron a Filippa por el bloqueo del centro de frontera

La frontera de Puerto Iguazú continúa siendo el epicentro de atención en la provincia y es que mientras en el puesto migratorio continúan llegando argentinos con intenciones de ingresar al país en materia judicial la situación también da que hablar, a tal punto que en la víspera tanto el intendente, Claudio Filippa, como otros funcionarios municipales fueron imputados por la Justicia Federal.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Territorio mediante altas fuentes consultadas, el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, imputó al jefe comunal y a varios concejales que formaron parte del comité de emergencia formado en la localidad, por infracciones a los artículos 194 y 230 del Código Penal de la Nación Argentina.
Las imputaciones se dan luego del polémico decreto municipal firmado por Filippa en el cual se ordenaba que a partir de la medianoche del último miércoles no se permita el ingreso de personas y transportes de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une Iguazú con Foz de Iguazú.

La resolución municipal N° 291/2020 también establecía que sí podían ingresar al país personas con residencia en la Ciudad de las Cataratas y los transportes de mercadería. De esta forma, para evitar el ingreso de más turistas a Iguazú desde el municipio se dispuso el bloqueo de la salida del Centro de Frontera y para ello colocaron camiones que impidieron el ingreso vía terrestre a la ciudad.
La resolución y las acciones municipales fueron celebradas por muchos residentes que temían posibles contagios de coronavirus ante la incesante llegada de personas provenientes de países en zona de riesgo, pero también generó polémica y un tire y afloje con la Justicia, ya que la medida iba por fuera de la ley atento a que el municipio no tiene jurisdicción sobre la zona primaria aduanera, como así tampoco el Parque Nacional Iguazú y las rutas nacionales.
“Es innecesario e ilegal, hay un DNU (274/2020) desde el 16 de marzo que regula el tema. Se estaría cometiendo un delito mucho más grave”, había explicado una fuente consultada en ese momento.
Y dichas acciones tuvieron consecuencia ayer, cuando se conoció que finalmente las autoridades federales decidieron imputar a Filippa y a los integrantes del comité de emergencia.
Los artículos violados son el 194 y el 230, inciso 2. El primero de ellos establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, mientras que el segundo indica que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Además, la Justicia Federal interviniente también ordenó el secuestro de los tres camiones de gran porte que fueron utilizados para cortar las vías de ingreso al centro de frontera, los cuales ayer continuaban sobre la cinta asfáltica pero estaban bajo custodia de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ahora deberán arbitrar la forma para trasladar los rodados hasta una de sus dependencias para quedar bajo resguardo.
Fuente El Territorio.